Las peleas a muerte en las cárceles son una de las manifestaciones más graves de la violencia penitenciaria y no pueden considerarse hechos aislados ni inevitables. Las autoridades tienen la obligación expresa de prevenir la violencia entre las personas detenidas bajo su responsabilidad, proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad e investigar cada fallecimiento ocurrido bajo control penitenciario.
El hacinamiento, la escasez de personal, la corrupción, la falta de separación entre personas detenidas, la presencia de armas y drogas, el poder de las bandas, la ausencia de mecanismos eficaces de denuncia y la falta de investigación de los abusos aumentan el riesgo de riñas mortales. La prevención exige reducir la sobrepoblación, mejorar las condiciones de detención, clasificar adecuadamente a la población penal, fortalecer la supervisión y aplicar mecanismos de alerta temprana, mediación y protección.
Qué son las peleas a muerte en cárceles
Las peleas a muerte en cárceles son enfrentamientos entre personas privadas de libertad que terminan con el fallecimiento de una o varias de ellas. Pueden producirse por conflictos personales, disputas territoriales, extorsiones, deudas, rivalidades entre bandas, luchas por el control de mercados ilegales, agresiones contra personas vulnerables o enfrentamientos vinculados con el poder dentro del establecimiento.
La violencia física es parte central de la experiencia carcelaria en América Latina. Por un lado, aparece la muerte como manifestación extrema de la violencia penitenciaria. Por otro, se encuentra la dureza cotidiana de las relaciones violentas dentro de los penales, la lesión física y el sometimiento a condiciones infrahumanas de reclusión.
La muerte no es, al menos exclusivamente, el efecto de un ejercicio de poder que desde arriba “hace morir” al condenado. Esta violencia proviene desde abajo, desde la propia sociedad de los cautivos, que, en su guerra por el dominio del orden social interno o en medio de protestas por las infames condiciones de reclusión, desata la guerra sin cuartel que asfixia al interno, lo descuartiza, lo calcina y lo mutila.
Pero, por otra parte, la violencia carcelaria también proviene desde arriba y se despliega a través de las condiciones infrahumanas de reclusión que moldean la experiencia penitenciaria en la región. La violación masiva y sistemática de los derechos humanos de las personas presas es una constante a lo largo y ancho del continente.
La dimensión del problema
El año pasado se registraron 191 muertes en las unidades penitenciaria de todo el país, la más alta desde 2020. Las principales causas son las enfermedades, las riñas y los suicidios.
Según datos de Gendarmería de Chile, obtenidos por Informe Especial vía Ley de Transparencia, en el último año murieron 191 personas al interior de las cárceles del país: el mayor número neto desde 2014, según los registros entregados por la misma institución. El aumento también se mantiene en proporción con el incremento de la población, crecimiento que no baja desde 2020.
| Causa de muerte | Número de fallecimientos | Proporción |
|---|---|---|
| Enfermedades | 96 | 50% |
| Riñas | 48 | 25% |
| Suicidios | 30 | 16% |
| Total | 191 |
Los decesos se concentraron en tres causas: 96 por enfermedades (50%), 48 por riñas (25%) y 30 por suicidios (16%). Específicamente, las muertes por conflictos o riñas son las que levantaron las alarmas de las autoridades, pues aumentaron un 37% en tan sólo un año (2023-2024); aunque en proporción al crecimiento de la población penal no han marcado realmente un aumento.
De acuerdo a antecedentes recabados por IE vía Transparencia, los decesos se registraron principalmente por enfermedad, riñas o suicidio. En ese orden. Pero los casos que evidentemente generaron más conmoción fueron los asociaciados a violencia.
En 2013, una mujer de 19 años que llevaba 241 días recluida en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de San Antonio, en la Quinta Región, por el delito de violación de morada, murió al interior de la cárcel luego de sufrir agresiones por parte de otras internas. Su caso no es aislado.
A través de un requerimiento presentado por La Tercera, mediante Ley de Transparencia, Gendarmería hizo un catastro del total de reos muertos en penales del país entre 2011 y 2014. El resultado: 558 internos fallecidos en cuatro años.
De acuerdo al balance, la principal razón de los fallecimientos fueron las enfermedades, con un total de 273 muertos en cuatro años. Este punto representa el 49% de las defunciones de los reos. La segunda causa es la riña o agresión entre internos (192), la cual aumentó entre 2013 y 2014 de 37 a 61 casos. Y la tercera razón de muerte más habitual es el suicidio (79), llegando a 12 casos el año pasado.
Casos extremos de violencia penitenciaria
Una biblia al lado del cuerpo decapitado y el número “666” escrito con sangre en la pared de la celda. Esa es la escalofriante escena que debieron enfrentar gendarmes de la Cárcel de Concepción el 10 de diciembre de 2024, cuando un interno asesinó a su compañero de cautiverio en un supuesto “ritual satánico”. Fue ejemplo icónico de un año particularmente violento al interior de los recintos penales, que -de acuerdo a cifras obtenidas por Informe Especial- terminó con 191 reos muertos, el número neto más alto de la última década.
-Lo sacrificamos los tres -dijo Diego Valdés, imputado por el crimen, refiriéndose a dos personas que no existen: el “Joker” y el “Diablo”. Probablemente se trata del crimen más impactante ocurrido al interior de un recinto penitenciario en los últimos años; pero no el único.
Apenas 24 horas después surgió otro caso: un reo asesinado tras recibir 200 puñaladas en la cárcel de Alto Bonito, en Puerto Montt. Dos semanas después, un interno apareció muerto en el penal de Arica, cuyo cuerpo estaba atado de pies y manos.
En efecto, no se trata de hechos aislados. Entre ellos, la mayoría perdió la vida en unidades penales de la Región Metropolitana (Colina I, Colina II, Puente Alto y Santiago 1), pero también hubo muchos casos en Valdivia y Arica.
La violencia penitenciaria también se ha expresado en motines y masacres en distintos países latinoamericanos. En la cárcel brasileña de Altamira, en el estado de Pará, grupos de crimen organizado se enfrentaron, dejando a su paso casi seis decenas de cadáveres. De las 57 víctimas fatales, dieciséis fueron decapitadas, mientras que las demás murieron quemadas o asfixiadas en medio de un incendio iniciado por los propios internos.
La batalla entre las organizaciones criminales parecía estar ligada no sólo a los negocios ilícitos conducidos por estas, sino a la lucha por el control interno del centro de reclusión.
La masacre de la cárcel de Altamira no es un evento aislado dentro de la sangrienta historia de los penales brasileros. Hechos similares se habían presentado en la cárcel Anísio Jobim de Manaos, en mayo de 2019 y enero de 2017, así como en Pará III, en Belém, en abril de 2018, y en Roraima, en Boa Vista, en enero de 2017 y octubre de 2016.
La suma total de víctimas en estas cinco masacres sobrepasó las doscientas personas, las cuales murieron apuñaladas, decapitadas, descuartizadas, quemadas y asfixiadas. La oleada reciente de violencia penitenciaria en Brasil deja distante la que fue en su momento la peor masacre penitenciaria de ese país, ocurrida en el penal de Carandiru, en São Paulo, en 1992, y en la que murieron 111 internos.
En 2018, en la cárcel de Valencia, en Venezuela, más de sesenta personas murieron en un incendio ocasionado durante un motín, y se repitieron así los hechos ocurridos en la prisión de Sabaneta, en la ciudad de Maracaibo, en 1994.
En Perú, la retoma de los penales El Frontón, Lurigancho y la Cárcel de Mujeres de Santa Barbará dejó un saldo de trescientos internos acribillados, en 1986. En México, en 2017, más de cuarenta personas murieron en los motines de las prisiones Cadereyta y Acapulco, en hechos similares a los anteriores; esto se sumó a los cuarenta muertos, en 2016, en la cárcel Topo Chico.
En 2010, en Chile, la Cárcel de San Miguel reportó ochenta presos muertos por calcinación y asfixia, en circunstancias similares a las que se presentaron en la cárcel de Iquique en 2001, donde veintiséis personas murieron asfixiadas. En Honduras, la Granja Penal de Comayagua y El Porvenir, en 2013, y la cárcel de San Pedro, en 2014, reportaron más de quinientos muertos en hechos similares.
Principales causas de las peleas a muerte
Hacinamiento y sobrepoblación
El hacinamiento es uno de los principales factores que tienden a derivar en altos niveles de violencia en las prisiones. El hacinamiento no sólo implica que las personas detenidas no disfrutan de suficiente espacio personal, lo que aumenta las tensiones, sino que además, limita el acceso a los servicios, a la formación y a las actividades recreativas.
Las personas detenidas son, por lo tanto, forzadas a valerse más por sí mismas, con poca supervisión por parte de las autoridades y en contextos de fuertes tensiones. La falta de espacio favorece los conflictos por las camas, los lugares de descanso, el acceso a los baños, los patios, las duchas, los alimentos, los teléfonos y otros recursos escasos.
Actualmente, el sistema penitenciario tiene una sobrepoblación de 39% en las unidades penales. Hay cupo para 41.992 personas, pero hay 58.390 internos. A nivel nacional, sólo dos regiones no tienen sus penales ocupados completamente: Tarapacá y Los Ríos.
-Si en dos años crecieron 20 mil internos, obviamente va a haber una probabilidad alta de un motín, una probabilidad alta de riña, de pelea. Si ha aumentado el número de muertes en riña, es porque la población penal ha crecido, pero el funcionario sigue con la misma dotación, el presupuesto se ha mantenido los últimos años, la infraestructura sigue siendo la misma hace 10 años; entonces la sobrepoblación sumado al hacinamiento van generando más conflictos.
En América Latina, el incremento de la criminalidad fue atendido con políticas de encarcelamiento masivo, mediante el aumento de sentencias y de delitos encarcelables. Esto significó una enorme presión sobre el sistema penitenciario porque el aumento de la inversión presupuestaria en el sector se vio ampliamente superada por el aumento de la población carcelaria.
Este desfasaje ha provocado un empeoramiento progresivo de las condiciones de vida en prisión. Y esto no implica solamente hacinamiento, falta de agua, comida de mala calidad o falta de limpieza, sino también un deterioro de las condiciones de seguridad por falta de custodios, equipos de vigilancia, y programas de rehabilitación, entre otras cuestiones.
Falta de personal y supervisión
Un ratio inapropiado entre personas detenidas y personal penitenciario, que normalmente se debe a situaciones de hacinamiento, deriva en una falta de supervisión y genera situaciones de inseguridad para las personas detenidas en situación de vulnerabilidad.
Desde la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería atribuyen el aumento de muertes por peleas a dos causas principales: que el incremento de presos no ha significado una subida importante en dotación de funcionarios y recursos; y que existe un nuevo perfil de reo, mucho más agresivo y que se mueve entre los internos según el poder adquisitivo, dinero del que lo proveen las bandas desde el exterior.
El aumento de la población y el rezago de la inversión ha generado que la seguridad de las prisiones se haya deteriorado rápidamente: por ejemplo, la cantidad de presos por custodio en El Salvador es de 19,7 y en Perú es de 9.
Esta debilidad institucional, sumada a un contexto de privación de necesidades básicas, crea mercados ilegales de productos que son comerciados al interior de esas cárceles. Controlar esos mercados es controlar las prisiones.
Corrupción, armas y drogas
La corrupción es un factor que fomenta la violencia en el interior de las prisiones: no sólo envía un mensaje de tolerancia hacia comportamientos ilícitos, sino que también genera un sistema paralelo de castigos y privilegios, así como de circulación de bienes, ya sea con la aprobación tácita de las autoridades o con su participación directa.
La corrupción y la falta de control sobre los bienes y mercancías disponibles en las prisiones también fomentan la circulación de bienes prohibidos que ponen en riesgo la seguridad de las personas detenidas, tales como armas o drogas.
La corrupción se ve también reflejada en la “venta” de espacios, camas o protección. Así, las personas de menores recursos económicos están más desprotegidas y sufren el riesgo de dormir en el suelo o ser víctima de malos tratos.
La violencia entre personas privadas de libertad puede ser, en el peor de los casos, favorecida directamente cuando el personal penitenciario permite comportamientos abusivos o malos tratos entre las personas detenidas, ya que esto conduce a una atmósfera de anarquía e impunidad.
Disputas por poder y control interno
El fenómeno viene aparejado también de un cambio en la dinámica del poder al interior de las cárceles. Si antes mandaba el más “choro”, hoy lidera el que tiene más poder adquisitivo.
-Hoy en día la plata es lo que manda adentro de la cárcel -dice la Presidenta de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería. A su parecer, hoy por hoy el dinero es el principal causante de conflictos.
-Años atrás era el choro el que tenía una figura superior, era el que lideraba en las unidades penales. Ahora el poder adquisitivo te abre más puertas, te hace someter a los que no tienen ese poder, te hace corromper mucho más el sistema.
-Se han incautado grandes sumas de dinero. Estamos viendo un tipo de preso que está llegando a las cárceles chilenas con un nivel de violencia y de contactos que lo destaca por sobre los demás. Transforman la cárcel en su oficina y desde ahí controlan afuera -afirma por su parte Pilar Lizana, experta en crimen organizado de AthenaLAB.
Para Viviana Soto, investigadora en contextos carcelarios de la Universidad de Chile, hay conductas alimentadas por la nueva criminalidad.
-Esa lógica del poder y del estatus en la cárcel se ha visto profundizada con el crimen organizado -remarca. De paso, apunta a otra arista importante: la falta de reinserción efectiva en medio del hacinamiento penitenciario.
-Ha aumentado exacerbadamente la población en las cárceles. (Los internos) nos contaban que organizaban peleas para “ocupar la mente” -revela Soto, quien realizó cabildos penitenciarios y recogió testimonios de reos junto a varias organizaciones civiles.
Bandas y mercados ilegales
En este contexto, el aumento de motines, la violencia carcelaria y las sublevaciones se deben a reclamos por mejoras de la situación de los presos o bien a enfrentamientos entre las pandillas y los grupos delictivos que controlan los mercados ilegales que se forman al interior de las prisiones para satisfacer las necesidades de las personas privadas de su libertad.
En ocasiones, este autogobierno está favorecido por las políticas carcelarias de concentración de integrantes de pandillas en un solo penal. Este hecho implica, de facto, una situación de autogobierno porque esos mercados están manejados por grupos criminales organizados.
Los sistemas de autogobierno o la “gestión compartida” pueden ser definidos como la delegación de poder de las autoridades a ciertos grupos o personas detenidas. Dependiendo de la situación, esta transferencia de poderes hacia ciertas personas privadas de libertad puede ir desde la autogestión de un dormitorio hasta el control total de la prisión, incluyendo medidas disciplinarias, y dejando a las autoridades únicamente el control del perímetro de la prisión.
Estos sistemas de autogobierno extremo son sinónimos de arbitrariedad y violencia para las personas detenidas. Sea el poder delegado en líderes de bandas, jefes o jefas de la mafia o en personas con una influencia especial, en todos los casos el resultado será la arbitrariedad, con más injusticia y violencia para las personas detenidas.
Conflictos por respeto, honor y estatus
Los conflictos carcelarios no se originan únicamente por bienes materiales, como tabaco o drogas. Los intereses no materiales, como el respeto, la justicia, la lealtad o el honor, influyeron en todas las situaciones analizadas.
Las diferencias raciales fueron un factor de fondo significativo en las peleas y agresiones. Un número desproporcionado de incidentes involucró a presos de diferentes grupos étnicos.
Las tácticas empleadas por los presos cuando enfrentaban un conflicto a menudo empeoraban la situación y conducían a la violencia. Las acusaciones o amenazas representaron una parte importante de los incidentes. Los desafíos verbales, las invasiones del espacio personal y los insultos también fueron muy frecuentes.
Todo conflicto estuvo influido por el equilibrio de poder entre los presos. Las disputas de poder surgían cuando una o ambas partes definían la situación como una lucha de ganar o perder.
Falta de actividades y reinserción
La ausencia de actividades educativas, laborales, recreativas y culturales aumenta el tiempo sin ocupación y puede intensificar la tensión. La falta de reinserción efectiva limita las oportunidades de convivencia no violenta y deja a las personas privadas de libertad expuestas a relaciones de dominio.
Delegar tareas menores -y por lo tanto, la sensación de tener cierta responsabilidad- a algunas personas detenidas puede ser beneficioso para su bienestar físico y psicológico y puede contribuir a su rehabilitación. Sin embargo, sólo tareas de menor importancia deben ser delegadas, tales como la organización de actividades recreativas, culturales o deportivas.
El criterio para asignar estas tareas ha de ser transparente y objetivo. La supervisión y las medidas disciplinarias nunca deben ser delegadas en personas detenidas.
Espacios penitenciarios de mayor riesgo
En los establecimientos en los que la violencia es endémica, todas las áreas de la prisión pueden ser peligrosas para las personas privadas de su libertad. Sin embargo, hay algunos espacios que son especialmente propicios al desarrollo de violencia.
Celdas colectivas y dormitorios
Las celdas colectivas, e incluso más aún los dormitorios comunes, favorecen el desarrollo de la violencia contra las personas detenidas. Esto puede deberse al hecho de vivir con tanta proximidad y a las tensiones que se derivan de esta situación, aunque también puede ser intencional y dirigirse a una persona privada de libertad que queda a merced de los otros detenidos o detenidas.
Este tipo de violencia puede ser de naturaleza sexual y puede basarse en razones discriminatorias. Las personas detenidas pertenecientes a minorías, ya sea por razones de etnia, nacionalidad, edad, orientación sexual, etc. se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad en los centros penitenciarios caracterizados por el autogobierno.
Patios de ejercicios
El patio de ejercicios es una zona en la que el riesgo de violencia es particularmente alto. El patio puede llegar a ser un lugar en el que la extorsión, las amenazas, la trata y la violencia tienen lugar.
Por esta razón no debe haber teléfonos en los patios de las prisiones. El personal no debe depender nunca únicamente de la video vigilancia o de la supervisión desde lugares cercanos, sino que debe estar presente físicamente en el lugar y en número suficiente.
El número de personas que se niegan a salir al patio es un indicador importante de cómo es la vida dentro del establecimiento.
Duchas y espacios comunes
Las duchas comunes son uno de los sitios en los que habitualmente se da la violencia contra los internos o internas. Las personas detenidas con mayor situación de vulnerabilidad pueden ser sometidas a humillaciones, físicas y / o sexuales, incluida la violación.
Cualquier otro espacio común donde disminuye la supervisión como talleres, actividades socio-culturales, comedores, etc. también puede ser un área en la que la violencia entre las personas detenidas puede tener lugar.
Personas en situación de mayor vulnerabilidad
Personas menores de edad
Las personas menores de edad están particularmente expuestas a riesgos de violencia, sobre todo en forma de acoso por parte de sus compañeros y compañeras de celda, y pueden ser más propensas a tratar de manejar sus conflictos con el uso de la fuerza.
Los y las menores detenidas también están expuestas al riesgo de involucrarse en bandas o a la presión de otros grupos. La obtención de información acerca de si un, o una menor detenida se identifica con un grupo en particular cuando se le transfiere a la instalación puede permitir su ubicación en una institución o sección / sección de un establecimiento que propiciaría el fin de la participación en un grupo particular.
Por estas razones, es absolutamente esencial que personas menores de edad detenidas sean separadas de los y las adultas en todo momento.
Personas con discapacidad
Las personas con alguna discapacidad física o psíquica se encuentran en un riesgo alto de abusos y violencia por parte de sus compañeros y compañeras de prisión, especialmente si su tipo de discapacidad resulta en una disminución de su capacidad física o intelectual.
Estas personas también se encuentran en mayor riesgo de abuso sexual, incluida la violación. Las autoridades tienen la responsabilidad expresa de garantizar su protección y hacer adaptaciones que ayudarían a reducir los riesgos, incluida su ubicación en secciones específicas para personas detenidas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, esto no debe aislarles completamente del resto de la población penitenciaria.
Personas en prisión preventiva
La situación de los suicidios tiene una mayor preponderancia entre los internos en prisión preventiva. En el caso de este grupo en particular, las causas de muerte se invierten: las enfermedades se mantienen en primer lugar, pero quienes optan por quitarse la vida son más que quienes mueren por actos violentos.
En 2024, de hecho, murieron en total 73 personas en prisión peventiva. En definitiva, un 16% más que el año anterior.
Personas pertenecientes a minorías
Las vulnerabilidades y necesidades relacionadas con la edad y el género, también de los reclusos LGBTQI+, deben tenerse en cuenta en la distribución de los internos, así como en el acceso a los programas y la atención sanitaria.
La falta de cumplimiento del principio de separación conduce a un aumento del riesgo de la violencia, debido principalmente a la vulnerabilidad ciertas categorías de personas detenidas.
Responsabilidad del Estado
Si las personas condenadas o en prisión preventiva están encerradas por disposición del Estado es este, con todos sus representantes, el garante de su integridad, salud y vida.
La posición especial de garante del Estado, en relación con las personas privadas de libertad en las cárceles del país, le corresponde a todo el Estado y no solo a Gendarmería de Chile.
Las autoridades tienen la obligación expresa de prevenir la violencia entre las personas detenidas bajo su responsabilidad. Esta responsabilidad incluye el deber del cuidado y la adopción de medidas preventivas para reducir el riesgo de violencia, así como para proteger a las personas detenidas en situación de vulnerabilidad.
Los Estados asumen la responsabilidad directa de velar por la vida de las personas privadas de libertad y no pueden invocar la falta de recursos financieros, los problemas logísticos o la privatización de las prisiones para eludir esta responsabilidad.
Un corolario de la presunción de responsabilidad del Estado es que si los Estados no tienen el control efectivo de sus prisiones, deben abstenerse de encarcelar a los condenados. Deben estudiarse alternativas a la prisión.
La carencia de recursos no exime a los Gobiernos de responsabilidad. Si en las prisiones no pueden atenderse las necesidades básicas, el encarcelamiento en sí mismo vulnerará los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, y no debe imponerse.
Si las condiciones de reclusión vulneran los derechos humanos, el encarcelamiento no ha de ser una condena posible; si las condiciones de encarcelamiento infringen los estándares y normas de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, no puede imponerse el encarcelamiento como pena.
Consecuencias de las peleas mortales
Muerte, lesiones y trauma
La consecuencia inmediata de una pelea mortal es la pérdida de una vida, pero las agresiones también dejan lesiones físicas, discapacidad, sufrimiento psicológico y temor permanente entre quienes presencian o padecen la violencia.
El castigo carcelario aparece así como la expresión total, desmedida y sin fronteras de la violencia que destroza el cuerpo y la mente del condenado.
Además de la posibilidad latente de la masacre, los internos deben soportar hambre, hacinamiento, enfermedades y frío durante el tiempo que dura la privación de la libertad.
Desprotección y pérdida de control institucional
Los sistemas de autogobierno se caracterizan normalmente por la ausencia de cuidados médicos y de servicios, la aplicación de sanciones injustas y arbitrarias, la extorsión de personas detenidas y/o de sus familiares, la violencia física y psíquica y la violación.
Los riesgos son incluso mayores debido al hecho de que los y las jefas de las bandas pueden ser rivales y provocar enfrentamientos violentos.
Los sistemas de autogobierno en las prisiones, que conducen a la pérdida gradual del control de las autoridades, representan un riesgo importante de violencia entre los y las privadas de libertad.
Teniendo en cuenta que, el Estado no aborda con la debida diligencia las implicaciones del autogobierno, las situaciones que éste genera podrían llegar a considerarse actos de tortura y malos tratos.
Reproducción de la violencia
La prisión es un problema criminal en sí mismo. El 23,8% de los privados de la libertad en la región afirma saber de delitos cometidos fuera de la prisión pero organizados desde su interior.
En algunos sistemas penitenciarios, ese porcentaje llega al 36,5%: extorsión, tráfico de drogas, robo y secuestro.
La violencia carcelaria no queda limitada al interior de los recintos. Cuando las bandas conservan capacidad operativa, las disputas por el control de mercados ilegales pueden proyectarse hacia el exterior.
Impacto en familiares y comunidades
La violencia penitenciaria afecta también a las familias de las personas privadas de libertad, especialmente cuando deben asumir gastos de alimentación, ropa, medicamentos, protección o traslados.
Básicamente, todos los presos y presas deben proveerse de esos elementos a través de sus familias lo que recarga la economía familiar de las poblaciones más vulnerables.
La muerte de una persona bajo custodia estatal produce además daños emocionales y económicos para sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias del fallecimiento y a recibir una reparación efectiva.
Investigación de las muertes en prisión
Se presume que los Estados son responsables de las muertes de presos, de ahí que todas esas muertes se deban investigar. La muerte de una persona que esté bajo el control de las autoridades penitenciarias constituye una muerte carcelaria.
Además, las muertes están relacionadas con el establecimiento penitenciario cuando los presos fallecen fuera de sus instalaciones, durante el transporte o tras su ingreso en un hospital al que han sido trasladados desde la prisión, y deben comunicarse a las autoridades investigadoras.
También se pueden registrar muertes relacionadas con la reclusión después de la puesta en libertad oficial. De hecho, dado que el período posterior a la puesta en libertad es de alto riesgo, se debe presumir que todas las muertes que se produzcan en los 30 días siguientes a la puesta en libertad están relacionadas con la reclusión, a menos que esa presunción pueda refutarse.
En todas las investigaciones se deben cumplir los Principios relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, complementados por el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
Un organismo especializado independiente e imparcial ha de encargarse de las investigaciones de forma rápida, eficaz, exhaustiva y transparente. El objetivo principal es descubrir la verdad acerca de las circunstancias que condujeron a la muerte.
Para ello se debe identificar al fallecido, determinar la causa y la forma de la muerte y, por tanto, distinguir entre homicidio, suicidio, muerte accidental y muerte natural, recordando siempre que una aparente muerte natural bien puede haber sido causada o propiciada por las condiciones del centro penitenciario.
La investigación puede servir para procesar y castigar a los responsables, dar lugar a una reparación efectiva para los parientes más cercanos y evitar que se repitan muertes similares.
Las muertes en prisión, las muertes que ocurren fuera de prisión mientras el recluso permanece bajo la autoridad penitenciaria y las muertes de exreclusos que se producen en los 30 días siguientes a su puesta en libertad han de ser objeto de una investigación exhaustiva.
Las investigaciones deben determinar la causa, la manera en que se produjo, el lugar y el momento de la muerte, así como cualquier tipo de tendencia o práctica que pudo haberla causado; los resultados de la investigación deben hacerse públicos, aunque se oculten los datos personales.
Prevención de las peleas a muerte
Reducir el encarcelamiento excesivo
Toda la legislación penal que se discute en el congreso en este momento busca justamente aumentar penas, dificultar un sistema progresivo hacia la libertad, o limitar la posibilidad de acceder a penas sustitutivas.
Las modificaciones legales efectivamente no son inocuas y significan -y pueden suponer- un aumento relevante en la cantidad de personas que deberán cumplir penas privativas de libertad.
Tal como indicaron los profesores Pilar Larroulet y Javier Wilenmann, quienes simularon el impacto de la posible modificación del tramo inferior de las penas a un año -considerando el promedio de población de los últimos años, concentrado en delitos graves, incluyendo robos y otros delitos violentos-, los resultados serían demoledores, pues la población penal aumentaría en un 30%, principalmente en delitos menores no violentos, como el hurto.
Sin este estímulo, la población privada de libertad ya pasó en este primer semestre de 46 mil a casi 52 mil personas y se espera llegar a los 55 mil hacia fines de año.
Se debe desincentivar la cárcel como única solución a todos los problemas delictivos e invertir en prevención social del delito. También se deben introducir enfoques de justicia innovadores para evitar la justicia penal convencional o explorar otras alternativas.
Puede tratarse de enfoques de justicia transformadora y reparadora, sanciones verbales, acuerdos arbitrados, restitución a la víctima y penas de servicios a la comunidad.
Aplicar alternativas a la prisión
Se debe alentar al poder judicial a que reduzca la duración de las penas de prisión. También existen medidas para facilitar la libertad anticipada, como los programas de prelibertad y una mayor aplicación de la libertad condicional.
Se podría promulgar una presunción legislativa de libertad condicional anticipada por buena conducta y se debería permitir la libertad anticipada para los presos de más edad por motivos humanitarios.
Los tribunales deben plantearse la posibilidad de reforzar esta disposición incorporando la libertad anticipada en las sentencias.
La libertad condicional debe evaluarse considerando el funcionamiento real del sistema y las condiciones de reinserción, evitando que las reformas sucesivas aumenten los requisitos sin valorar previamente sus efectos.
Separar y clasificar a la población penal
Las personas privadas de libertad deberían estar separadas siempre por categorías. Las mujeres deben estar siempre separadas de los hombres, las personas adultas de los y las menores y las personas detenidas con sentencia de aquellas que aún no han sido juzgadas.
Separar a los miembros de las bandas también puede ayudar a controlar el riesgo de violencia entre las personas detenidas. De igual manera, las personas privadas de libertad deberían estar separadas en regímenes de detención, desde cerrado a semiabierto, en función de la tipificación del delito cometido, de su comportamiento en detención y de su peligrosidad.
En el momento de su ingreso las personas detenidas deberían estar sujetas a una evaluación de sus necesidades y del riesgo que puedan encontrar o que puedan representar para otras personas.
Esta evaluación garantiza que sean ubicadas en la sección o en el ala apropiada y ayuda a reducir el riesgo de tensión y violencia. Atención particular debe de prestarse a los y las detenidas en situación de mayor vulnerabilidad.
Un análisis de este tipo no puede ser únicamente llevado a cabo en el momento del ingreso en prisión sino de manera regular durante todo el periodo de detención.
Garantizar condiciones materiales dignas
Los presos deben ser tratados con dignidad. Los Estados deben garantizar que las prisiones sean seguras, habitables, limpias e ignífugas, que no presenten hacinamiento y que las instalaciones funcionen.
También deben garantizar que la alimentación sea suficiente; que se disponga de bastante agua potable; que se vigile la salud de los reclusos y se tomen las medidas necesarias para prevenir enfermedades y lesiones físicas y mentales, incluidas las conductas autolesivas.
Las condiciones de encarcelamiento no han de causar enfermedades físicas o mentales ni contribuir a ellas. Las prisiones han de ser habitables y el entorno penitenciario debe promover la salud y ser socialmente inclusivo.
Las personas privadas de libertad deben poder mantener el contacto con sus familiares y amigos y participar en programas educativos, de readaptación y de trabajo.
Fortalecer la atención de salud mental
Se deben implantar programas de evaluación de los reclusos al ingresar en prisión y antes de su puesta en libertad para determinar su estado de salud mental, su riesgo de suicidio y su vulnerabilidad general.
Se debe prestar un apoyo adecuado para prevenir los suicidios y eliminar los posibles puntos de ahorcamiento. Se debe terminar con los métodos inhumanos de prevención del suicidio, como el régimen de aislamiento.
Los servicios sanitarios deben ser al menos equivalentes a la atención prestada en la comunidad. Los reclusos han de ser examinados por médicos cualificados y se ha de llevar un registro confidencial de su estado de salud física y mental, los tratamientos recomendados y las posibles vulnerabilidades detectadas.
Los reclusos identificados como enfermos físicos o mentales, o en riesgo de estarlo, deben disfrutar de un acceso inmediato a atención médica y psicológica de un nivel equivalente al de la atención prestada en la comunidad.
Aplicar seguridad dinámica y mediación
El personal debería estar formado en los principios y funcionamiento de la seguridad dinámica, que consiste en la implementación de una relación basada en el respecto y la confianza entre las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.
La seguridad dinámica exige identificar y mitigar los conflictos antes de que estallen, favorecer la mediación como forma de gestión y prevención de conflictos e identificar a las personas detenidas en mayor situación de vulnerabilidad.
La selección y la formación del personal encargado de las detenciones, incluida la mediación de conflictos, es por lo tanto fundamental. Cuando el proceso de selección falla y la formación es inadecuada, el personal puede convertirse en un factor contribuyente al desarrollo de la violencia en el interior de las instituciones.
Los gobernadores de los establecimientos deben convertir la prevención en una prioridad, el personal debe estar capacitado para reconocer los conflictos y deben existir programas de resolución de conflictos disponibles para las personas privadas de libertad.
Crear mecanismos de denuncia y alerta temprana
Los mecanismos de denuncia y de alerta temprana deben estar a disposición de todas las personas privadas de libertad. Estos mecanismos deben ser reactivos, transparentes y accesibles, y las personas involucradas deben confiar en ellos.
También se deben tomar medidas para evitar cualquier tipo de represalia contra las personas que recurren a este tipo de mecanismo.
Las personas detenidas también deben tener acceso a los órganos de supervisión y de monitoreo y ser capaces de hablar sobre la violencia que han sufrido.
Tanto los órganos de monitoreo como los de supervisión deben hacer todo lo posible para proteger a las víctimas de la violencia en contra de cualquier forma de represalia.
Controlar armas, drogas y bienes prohibidos
Los procedimientos de registro y allanamiento deben dirigirse a los factores de riesgo identificados en cada establecimiento. También debe revisarse el estado operativo del equipamiento del personal que interviene ante este tipo de situaciones.
Gendarmería señaló que se han buscado todas las instancias para disminuir los fallecimientos de internos por riñas y que las acciones preventivas incluyen allanamientos diarios en las unidades de todo el país para requisar armas blancas.
El control de bienes y mercancías disponibles en las prisiones debe impedir que la corrupción facilite la circulación de armas, drogas y otros objetos capaces de alimentar las disputas violentas.
Evitar el autogobierno
Las autoridades pueden delegar ciertas tareas de menor importancia con el fin de fomentar la rendición de cuentas y, en especial, la rehabilitación. Estas tareas podrían ser actividades recreativas, sociales o culturales, pero siempre deben ser supervisadas por un o una oficial de la instalación.
La supervisión y las medidas disciplinarias nunca deben ser delegadas en personas detenidas. La selección de quienes reciban responsabilidades debe ser transparente y objetiva.
Si se confía la responsabilidad de algunas actividades sociales, educativas o deportivas a ciertas personas detenidas, el proceso de selección de las personas a las que se les asignarán estas responsabilidades juega un papel esencial.
La gestión de un dormitorio, un pabellón o una prisión no puede quedar en manos de líderes de bandas, personas con poder económico o grupos capaces de imponer castigos, cobrar protección o decidir quién tiene acceso a bienes esenciales.
Mejorar la infraestructura y la dotación
El 14 de febrero pasado el Gobierno lanzó el Plan de Intervención Preventiva de Unidades Penales, el cual busca adoptar medidas para identificar factores que puedan incidir en este tipo de conflictos entre reos; y que además permita elaborar estrategias específicas para la realidad de cada recinto.
De acuerdo a información de Gendarmería, con esto se podrá disponer de mayores insumos para la clasificación y segmentación de la población penal y para la planificación de procedimientos de registro y allanamientos dirigidos.
El Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria comenzó a desarrollarse el segundo semestre de 2024, con el objetivo de dar solución al hacinamiento. Dicho proyecto busca habilitar más de 5 mil nuevos cupos para así sumar 12 mil nuevas plazas en 2030.
También pretende ampliar el uso de los inhibidores de señal de teléfonos en las cárceles, los que ya están operando en tres recintos penitenciarios: en Santiago 1, la ex Penitenciaria y la cárcel de alta seguridad.
Las nuevas plazas, sin embargo, deben acompañarse de personal suficiente, servicios de salud, programas de rehabilitación, mecanismos de clasificación y supervisión efectiva para evitar que el crecimiento de la capacidad formal no reproduzca las mismas condiciones de violencia.
Indicadores para monitorear el riesgo
- Aumento de las riñas, agresiones o amenazas registradas.
- Incremento de personas que se niegan a utilizar los patios.
- Presencia de armas, drogas, dinero y bienes prohibidos.
- Extorsiones para obtener camas, espacios, alimentos o protección.
- Disputas recurrentes entre bandas o grupos internos.
- Falta de separación entre personas condenadas y en prisión preventiva.
- Presencia conjunta de adultos y menores.
- Déficit de personal penitenciario y vigilancia física insuficiente.
- Ausencia de actividades educativas, laborales, culturales o recreativas.
- Aumento de autolesiones, intentos de suicidio o suicidios.
- Denuncias de abusos sin investigación o protección posterior.
- Traslados frecuentes de personas agresoras sin evaluación individualizada.
- Control de pabellones por personas o grupos privados de libertad.
- Deficiencias en agua potable, alimentación, higiene, saneamiento o atención médica.
Qué debe cambiar en la política penitenciaria
La prisión se ha agotado como mecanismo de solución de la criminalidad: ya no es castigo ni disuasión del delito. De hecho, ni siquiera detiene los delitos.
Una posible solución es una combinación de medidas: desincentivar la cárcel como única solución a todos los problemas delictivos, invertir en prevención social del delito y desarrollar mecanismos de justicia restaurativa y comunitaria.
Cada una de estas medidas implica decisiones de largo plazo. Esto significa que el político que las tome va a pagar el costo de asumirlas pero no verá sus beneficios.
La violencia que se vive al interior de las cárceles -violencia institucional que afecta a personas que están a cargo del Estado, aunque estén “pagando” por sus delitos- obliga a revisar urgentemente las condiciones del sistema.
La prevención de las peleas a muerte no depende de una sola medida ni de una respuesta exclusivamente represiva. Requiere reducir los factores estructurales que producen tensión, impedir que las bandas controlen la vida interna, proteger a las personas vulnerables, investigar cada muerte y asegurar que la privación de libertad no se transforme en una pena adicional de violencia, abandono o destrucción física.